Importante que el poder público no esté ligado a una religión: Roberto Blancarte

El Dr. Roberto Blancarte Pimentel disertó la conferencia Los riesgos del populismo para la democracia y el Estado laico en México, como parte de sus actividades como miembro de El Colegio de Sinaloa, el pasado viernes 24 de noviembre en la Universidad de Occidente, campus Culiacán, donde estuvo acompañado por el Mtro. José Isidro Osuna López, director de la unidad.

El especialista en sociología de las religiones explicó que en 1860 fueron establecidas por Benito Juárez las leyes de Reforma, “la última de esas leyes fue del 4 de diciembre de 1860 y es la Ley de libertad de cultos; curiosamente es en esa ley donde por primera vez la gente en México podía creer lo que quisiera, es una ley laica, es una de las leyes que establecen el Estado mexicano laico y, por primera vez, establece un principio de libertad religioso en el país, porque antes de esa ley la gente tenía que ser católica, no podían ser otra cosa. Estaba prohibido tener otra religión”.

Agregó que fue hasta ese momento, con esa ley de 1860, “que se establece la libertad de culto o la libertad de religión y en donde se establece que cada quien puede creer en la religión que quiera. Antes de eso no se podía creer en lo que quisieras, por eso —después de esa ley— hay la posibilidad de tener distintas iglesias, distintas maneras de pensar y de actuar en consecuencia”.

Pero dentro de esa ley, agregó Blancarte, también se incluía a los funcionarios, porque precisamente la idea de esa ley “es que para que la gente pueda creer lo que quiera es muy importante que los funcionarios públicos no estén ligados a una religión, porque eso era lo que pasaba antes, que como el Estado estaba ligado a la Iglesia católica, no se permitía que el pueblo tuviera la religión que quisiera. Una de las cosas que se busca evitar es que el poder público esté ligado a un poder religioso”.

Para evitar la colusión del poder temporal del poder civil con una convicción religiosa, se estableció primero la separación entre el Estado y las Iglesias “se dice ‘ningún funcionario debe estar involucrado oficialmente con una religión’, la lógica era para que haya una libertad religiosa, los funcionarios públicos tienen que distinguir entre su función pública y sus convicciones personales”.

Por tal motivo, explicó Blancarte, la Ley de libertad de cultos, en su Artículo 25 vigente, dice: “Las autoridades federales, estatales y municipales no podrán asistir con carácter oficial a ningún acto religioso de culto público, ni a actividad que tenga motivos o propósitos similares”. Esta prohibición, que aún existe, remite a las Leyes de Reforma de 1860 y cumple el mismo propósito, es decir, distinguir la función pública de las convicciones particulares, que no se le niegan a nadie, porque, aunque todos los funcionarios públicos en su calidad de hombres gozaran de una libertad tan amplia como todos los hombres del país, aunque cada quien pueda creer lo que quiera, no pueden asistir en carácter oficial a actos religiosos.

Como funcionarios públicos, están al servicio de la población, agregó Roberto Blancarte, “por lo tanto, no se pueden asumir como ministros de algún culto o como funcionarios que están a favor de un culto especifico, porque entonces ponen a los demás en desigualdad de condiciones y los están discriminando”.

Como ejemplo, explicó que eso es lo que hizo el presidente de México cuando vino el Papa y le dijo que todos los mexicanos son guadalupanos, “pero en realidad hay 80% de mexicanos que son católicos y son guadalupanos, pero también hay 20% —que serían más de 20 millones de personas en el país— que no son guadalupanos, porque son evangélicos, o mormones o de cualquier otra religión. Por tanto, que el presidente de la República diga que en México todos somos guadalupanos quiere decir que los judíos, evangelistas y demás o no son mexicanos para él o son ciudadanos de segunda”.

Explicó que ese es el peligro de cuando un funcionario asume una determinada confesión públicamente, ya que pone a todos los demás de manera discriminada en un segundo lugar. Por otro lado, si el funcionario se presenta a misa, pero sin decir que es con carácter oficial —diciendo que es gobernador o el presidente— nadie les puede decir nada; de igual manera nadie les puede decir nada si los domingos, que es un día libre, van a su iglesia a título personal, tienen todo el derecho de hacerlo. El problema es cuando actúan en una ceremonia religiosa en su calidad de funcionario público.

Por ello, concluyó el experto, lo ideal es que los funcionarios separen sus obligaciones públicas de sus convicciones personales, “y ese es el problema que tenemos y lo vamos a tener cada vez más, porque la mayor parte de los políticos no está consciente del problema que eso representa”.